LAS OMISIONES, CONTRADICCIONES Y ACTUACIONES DE LA GESTIÓN DE ABRAHAM CÁRDENAS, TERMINARON FAVORECIENDO EL AVANCE DEL PROYECTO DE TOWER AND TOWER «HUATIPUKA»

LAS OMISIONES, CONTRADICCIONES Y ACTUACIONES DE LA GESTIÓN DE ABRAHAM CÁRDENAS, TERMINARON FAVORECIENDO EL AVANCE DEL PROYECTO DE TOWER AND TOWER «HUATIPUKA»

Ahora en campaña Nos pretende engañar firmando actas que No valen nada?

Porfavor No atente contra la inteligencia de los Moqueguanos de nacimiento y corazón.

(La Pluma / Nov del 2026)

Mientras Abraham Cárdenas prometía públicamente que Huatipuka no se instalaría en Moquegua, los documentos administrativos de su propia gestión revelaban una realidad completamente distinta: observaciones técnicas insuficientes, advertencias territoriales sin esclarecer, funcionarios involucrados en actividades financiadas presuntamente por la empresa promotora y una defensa institucional que hoy deja demasiadas preguntas sin responder. El resultado fue la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto el 20 de diciembre de 2022.

MOQUEGUA. – La historia del proyecto Huatipuka no solamente representa una de las controversias ambientales más importantes de los últimos años en la región; también constituye un episodio que obliga a examinar seriamente la actuación de quienes tenían la responsabilidad política, administrativa y técnica de defender los intereses de la provincia de Mariscal Nieto.

Entre los años 2019 y 2022, durante la administración del entonces alcalde provincial Abraham Cárdenas Romero, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (MPMN) tuvo conocimiento permanente de las actividades relacionadas con el proyecto de tratamiento de residuos sólidos y relleno de seguridad Huatipuka, promovido por la empresa Tower and Tower S.A. No se trataba, por tanto, de una iniciativa desconocida para las autoridades municipales. Por el contrario, existieron reuniones de socialización, mesas de trabajo y audiencias públicas vinculadas con la evaluación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en las que participaron funcionarios municipales, entre ellos Lenia Montalvo, entonces subgerente de Gestión del Medio Ambiente, y Francisco Martínez, entonces gerente de Desarrollo Urbano.

La participación institucional de dichos funcionarios incluso quedó reflejada en publicaciones difundidas por la propia empresa Tower and Tower. Esto demuestra que la administración municipal tuvo oportunidades suficientes para conocer los alcances del proyecto, evaluar sus posibles implicancias ambientales y territoriales y articular una posición técnica e institucional en defensa de los intereses de Moquegua.

Sin embargo, cuando llegó el momento de formular observaciones frente a un expediente ambiental de enorme trascendencia, la actuación municipal terminó generando más interrogantes que certezas.

EL OFICIO DE ABRAHAM CÁRDENAS: 6,509 FOLIOS Y UNA DEFENSA TÉCNICA QUE NUNCA ESTUVO A LA ALTURA

El 22 de agosto de 2022, Abraham Cárdenas suscribió el Oficio N.° 1075-2022-A/MPMN, dirigido al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), en el marco de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Huatipuka.

El expediente sometido a evaluación comprendía 6,509 folios distribuidos en trece archivadores. Una documentación de semejante magnitud, vinculada con un proyecto de tratamiento de residuos sólidos y relleno de seguridad, exigía una evaluación rigurosa, especializada y multidisciplinaria por parte de las dependencias municipales competentes.

Pero lo que debía constituir una defensa técnica de los intereses provinciales terminó convirtiéndose en uno de los episodios más cuestionados de aquella administración.

De acuerdo con los antecedentes documentales examinados, entre los actuados remitidos no se habría incorporado un pronunciamiento técnico especializado de Lenia Montalvo, entonces subgerente de Gestión del Medio Ambiente, ni de Francisco Martínez, entonces gerente de Desarrollo Urbano, pese a que ambos ocupaban cargos directamente relacionados con las materias que debían evaluarse.

En lugar de contar con opiniones integrales, debidamente sustentadas y validadas por los responsables de las áreas competentes, las observaciones municipales habrían sido elaboradas por dos practicantes de dependencias municipales.

La gravedad del asunto no radica en cuestionar la capacidad o condición de quienes realizaban sus prácticas profesionales, sino en preguntarse por qué una administración municipal, encabezada por una autoridad que conocía la trascendencia del proyecto, permitió que observaciones de semejante importancia fueran remitidas sin que se evidenciara la intervención técnica y validación correspondiente de los funcionarios responsables.

¿Dónde estuvieron los especialistas? ¿Quién supervisó la evaluación de los miles de folios? ¿Por qué Abraham Cárdenas no exigió una posición institucional integral antes de remitir la documentación al SENACE?

Las respuestas siguen siendo necesarias.

LAS OBSERVACIONES MUNICIPALES: CUANDO LA DEFENSA DE MOQUEGUA SE REDUJO A CUESTIONES QUE NO RESOLVÍAN EL FONDO DEL PROBLEMA

El contenido de las opiniones municipales resulta todavía más preocupante.

Por un lado, el documento elaborado desde la Subgerencia de Gestión del Medio Ambiente habría concentrado su observación en la actualización de la dirección del proyecto, debido a la creación del distrito de San Antonio. Es decir, mientras se evaluaba una infraestructura destinada al tratamiento de residuos sólidos y al funcionamiento de un relleno de seguridad, la observación ambiental municipal habría terminado centrada en una cuestión de actualización territorial y administrativa, sin que se evidenciara un cuestionamiento técnico integral sobre los eventuales impactos ambientales del proyecto.

Por otro lado, el practicante de la Subgerencia de Planeamiento, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial advirtió posibles superposiciones territoriales y recomendó solicitar la opinión de la Gerencia Regional de Agricultura.

Esta última advertencia era particularmente importante, pues involucraba una eventual incompatibilidad o superposición territorial que debía ser esclarecida mediante información técnica, planos y pronunciamientos de las autoridades competentes.

Sin embargo, surge una interrogante fundamental: ¿por qué se habría remitido la documentación al SENACE sin que previamente se esclareciera y sustentara técnicamente dicha observación? ¿Se obtuvo la opinión de la Gerencia Regional de Agricultura? ¿Se verificaron las áreas involucradas? ¿Quién dispuso continuar con el trámite sin que la advertencia territorial estuviera debidamente resuelta?

Lo cierto es que la gestión municipal tenía la obligación institucional de cautelar los intereses de la provincia y no limitarse a trasladar documentos que requerían mayor desarrollo técnico.

Esta actuación plantea un serio cuestionamiento sobre la diligencia funcional de quienes tenían la responsabilidad de conducir, supervisar y validar la posición municipal frente al proyecto Huatipuka.

LA PASANTÍA EN CHINCHA ALTA: ¿CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL O UN CONFLICTO DE INTERESES QUE NUNCA FUE EXPLICADO?

Otro episodio que merece especial atención ocurrió el 16 de septiembre de 2021, cuando, según los antecedentes consignados, funcionarios municipales participaron en una pasantía realizada en Chincha Alta, departamento de Ica, presuntamente financiada por la empresa Tower and Tower.

Entre los funcionarios señalados se encuentran Lenia Montalvo y Francisco Martínez, quienes desempeñaban responsabilidades en las áreas de Gestión del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Los antecedentes también atribuyen la participación al entonces alcalde Abraham Cárdenas.

La coincidencia temporal y funcional merece una explicación pública: mientras Tower and Tower tramitaba la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental ante las autoridades competentes, funcionarios de la municipalidad que debía evaluar y formular observaciones sobre el proyecto habrían participado en una actividad financiada por la propia empresa promotora.

Además, el destino de la pasantía, Chincha Alta, albergaba instalaciones de la misma operadora que, según los cuestionamientos consignados, registraba sanciones ambientales por afectaciones al entorno natural en el departamento de Ica.

Es indispensable esclarecer quién autorizó dicha actividad, quién asumió los gastos de transporte, alimentación y alojamiento, si existieron invitaciones formales, autorizaciones institucionales, informes de comisión de servicios y declaraciones de intereses, así como cuáles fueron los controles administrativos aplicados.

Una actividad de capacitación no constituye, por sí misma, una irregularidad. Sin embargo, cuando el financiamiento proviene de una empresa cuyos intereses son objeto de evaluación por la administración pública, resulta indispensable esclarecer las circunstancias y determinar si existieron situaciones incompatibles con los deberes de imparcialidad, integridad y probidad de los funcionarios participantes.

¿Puede la ciudadanía confiar plenamente en la independencia de las actuaciones municipales cuando existen cuestionamientos sobre actividades financiadas por la misma empresa interesada en obtener la certificación ambiental?

Esta pregunta no puede quedar sin respuesta.

LAS PROMESAS DE «HUATIPUKA NO VA» Y LA REALIDAD DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Uno de los aspectos más contradictorios de la gestión de Abraham Cárdenas fue el discurso público que mantuvo frente a la ciudadanía.

Durante su periodo como alcalde y en posteriores intervenciones públicas, Cárdenas sostuvo categóricamente que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto impediría la instalación del proyecto Huatipuka. Incluso suscribió actas de compromiso de honor vinculadas con la iniciativa ciudadana «Huatipuka No Va», mediante las cuales transmitía a la población el compromiso institucional de evitar que el relleno de seguridad se instalara en la zona.

Sin embargo, mientras públicamente se transmitía un mensaje de oposición al proyecto, los documentos administrativos remitidos al SENACE mantuvieron abierto el cauce del procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de Tower and Tower S.A.

Esta contradicción constituye uno de los puntos más sensibles de toda la controversia: una cosa era prometer políticamente que el proyecto no se ejecutaría y otra, completamente distinta, era desplegar actuaciones administrativas, técnicas y judiciales capaces de materializar una defensa efectiva del territorio.

La ciudadanía no necesitaba únicamente discursos, compromisos públicos o declaraciones mediáticas. Necesitaba una administración que actuara con diligencia, que formulara observaciones debidamente sustentadas y que utilizara oportunamente los mecanismos administrativos y judiciales disponibles.

¿De qué sirvieron las promesas de «Huatipuka No Va» si la actuación documental de la municipalidad no habría estado acompañada de una defensa técnica suficientemente sólida?

EL CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USOS: UNA CONTROVERSIA QUE NO PODÍA RESOLVERSE CON SIMPLES DECLARACIONES

Otro elemento central de la controversia está relacionado con el Certificado de Compatibilidad de Usos N.° 050-2018, expedido inicialmente en el contexto de la tramitación del proyecto.

Durante la gestión de Abraham Cárdenas se dispuso la anulación de dicha compatibilidad mediante la Resolución de Subgerencia N.° 062-2021, invocándose la Ordenanza Regional N.° 003-2019, vinculada con la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE).

No obstante, diversos colectivos y sectores críticos cuestionaron que la administración municipal no hubiera impulsado oportunamente acciones administrativas o judiciales adicionales destinadas a cuestionar definitivamente el acto de origen y esclarecer sus efectos sobre la viabilidad del proyecto.

La controversia no terminaba con la emisión de una resolución de subgerencia. Era necesario determinar sus alcances jurídicos, sus efectos frente a terceros, su incidencia sobre el procedimiento de certificación ambiental y la existencia de otros mecanismos legales que permitieran defender efectivamente los intereses territoriales de Moquegua.

En ese contexto, resulta particularmente cuestionable que Abraham Cárdenas pretenda justificar la situación del proyecto atribuyendo toda la responsabilidad a administraciones anteriores y sosteniendo que la existencia de un Certificado de Compatibilidad de Usos habría sido suficiente para desarrollar el proyecto.

Ese argumento no responde a los cuestionamientos centrales sobre las actuaciones de su propia gestión: la calidad de las observaciones remitidas al SENACE, la ausencia de pronunciamientos técnicos especializados, la advertencia de posibles superposiciones territoriales, la pasantía presuntamente financiada por la empresa y la falta de una estrategia institucional integral.

La existencia de antecedentes administrativos anteriores no eximía a la administración municipal 2019-2022 de actuar con diligencia frente a un procedimiento ambiental que conocía y en el que tuvo participación institucional.

EL DESENLACE: TOWER AND TOWER OBTUVO LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL EN DICIEMBRE DE 2022

El resultado administrativo de esta historia se encuentra documentado.

Mediante Resolución Directoral N.° 00213-2022-SENACE-PE/DEIN, de fecha 20 de diciembre de 2022, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Detallado del proyecto denominado «Planta de tratamiento de residuos sólidos y relleno de seguridad Huatipuka», presentado por la empresa Tower and Tower S.A.

La aprobación llegó en diciembre de 2022, mientras la gestión municipal de Abraham Cárdenas dejaba una serie de actuaciones que hasta hoy requieren esclarecimiento.

El exalcalde sostuvo reiteradamente que el SENACE había aprobado la certificación ambiental haciendo caso omiso de las advertencias y observaciones formuladas por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Sin embargo, el cuestionamiento de fondo es inevitable: ¿la municipalidad presentó observaciones suficientemente sustentadas? ¿Fueron formuladas y remitidas oportunamente? ¿Se agotaron los mecanismos administrativos y judiciales que correspondían? ¿Se efectuó un seguimiento efectivo de las advertencias territoriales?

No basta con responsabilizar a la autoridad nacional cuando corresponde examinar también la calidad, oportunidad y suficiencia de las actuaciones de la propia administración municipal.

La aprobación ambiental de Huatipuka no permite concluir, por sí sola, que existió favorecimiento empresarial o un acuerdo ilícito. Pero sí constituye un resultado que obliga a investigar si las omisiones, decisiones y actuaciones de la gestión municipal contribuyeron a debilitar la defensa de los intereses de Mariscal Nieto y facilitaron el avance del procedimiento promovido por Tower and Tower.

¿NEGLIGENCIA FUNCIONAL, DESIDIA ADMINISTRATIVA O FAVORECIMIENTO EMPRESARIAL?

A la luz de los antecedentes expuestos, existen tres grandes líneas de responsabilidad que merecen una investigación integral.

Primero: la responsabilidad funcional. Debe determinarse por qué las áreas municipales competentes no habrían emitido los pronunciamientos técnicos especializados correspondientes, por qué se permitió que las observaciones fueran elaboradas por practicantes sin que se evidenciara una validación integral de los responsables y por qué no se esclarecieron oportunamente las advertencias relacionadas con posibles superposiciones territoriales.

Segundo: la eventual existencia de conflictos de intereses. Corresponde investigar las circunstancias de la pasantía realizada el 16 de septiembre de 2021 en Chincha Alta, la presunta financiación de Tower and Tower, la participación de Abraham Cárdenas, Lenia Montalvo y Francisco Martínez, las autorizaciones correspondientes y los controles institucionales aplicados.

Tercero: el posible favorecimiento empresarial. Debe establecerse si determinadas omisiones, decisiones o actuaciones de la administración municipal generaron ventajas indebidas para Tower and Tower S.A. durante la evaluación de su proyecto ambiental, así como si existieron coordinaciones o acuerdos incompatibles con los deberes de los funcionarios públicos.

No corresponde declarar anticipadamente la existencia de un pacto colusorio ni atribuir responsabilidad penal sin una investigación y pruebas suficientes. Pero tampoco resulta aceptable que hechos de semejante trascendencia permanezcan sin esclarecimiento.

LA TRISTE REALIDAD DE MOQUEGUA: PROMESAS POLÍTICAS, DEBILIDAD INSTITUCIONAL Y UNA PROVINCIA QUE MERECÍA MUCHO MÁS

Lo ocurrido con Huatipuka representa una profunda decepción para una población que confió en sus autoridades para defender su territorio, sus recursos y su futuro.

Moquegua no necesitaba una autoridad que se limitara a firmar compromisos de honor, participar en declaraciones públicas o construir un discurso de oposición frente a la ciudadanía. Necesitaba una gestión municipal capaz de convertir esas promesas en actuaciones administrativas y técnicas sólidas, oportunas y jurídicamente eficaces.

La gestión de Abraham Cárdenas tuvo conocimiento del proyecto, participó institucionalmente en sus actividades de socialización, contó con funcionarios especializados y tuvo la oportunidad de formular observaciones frente a un expediente ambiental de más de seis mil quinientos folios. Sin embargo, las actuaciones conocidas dejan serios cuestionamientos sobre la calidad de la defensa municipal y sobre las decisiones adoptadas durante aquellos años.

Lo más doloroso es que, mientras la población confiaba en que sus autoridades estaban haciendo todo lo necesario para impedir aquello que públicamente cuestionaban, la documentación administrativa revela una realidad que merece ser investigada: observaciones insuficientes, advertencias territoriales pendientes de esclarecimiento, ausencia de pronunciamientos especializados y una pasantía cuya financiación y circunstancias todavía requieren explicaciones.

Y cuando el proyecto obtuvo su aprobación ambiental, la ciudadanía tuvo que enfrentarse a una pregunta que sigue vigente: ¿realmente se hizo todo lo que estaba al alcance de la municipalidad para defender a Moquegua?

Hoy Abraham Cárdenas pretende deslindar responsabilidades, negar los cuestionamientos y trasladar la explicación de lo ocurrido a gestiones anteriores. Pero ninguna autoridad puede escapar de la responsabilidad política y administrativa que corresponde a las decisiones adoptadas durante su propio mandato.

Moquegua merece saber quiénes participaron, quiénes elaboraron las observaciones, quiénes las revisaron, quiénes autorizaron la pasantía, qué ocurrió con las advertencias territoriales y por qué las promesas de «Huatipuka No Va» no se tradujeron en una defensa institucional que estuviera a la altura de las expectativas ciudadanas.

Por ello, corresponde que el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y los órganos de control competentes examinen integralmente las actuaciones de la administración municipal 2019-2022, determinen las eventuales responsabilidades y esclarezcan si existieron conductas contrarias a los deberes de la función pública.

Porque el verdadero daño a Moquegua no se mide únicamente por la aprobación de un proyecto ambiental cuestionado, sino también por la pérdida de confianza en las instituciones que debían defenderla.

¡MOQUEGUA NO MERECÍA UNA GESTIÓN DE PROMESAS SIN RESULTADOS!

¡HUATIPUKA EXIGE VERDAD, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDADES!

…..Por eso y mucho mas…. Moqueguano que se respeta dice: :GORDO HUATIPUKA NUNCA MAS»….

Seguiremos Informando….l

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